Los envases que contienen los alimentos son la parte más visible para el ciudadano del uso de materiales –especialmente plásticos- en las tiendas y, por ese motivo, se encuentran en el centro del debate social y político de la sostenibilidad. Si hacemos el ejercicio de analizar los lineales de un supermercado, podemos observar que la gran mayoría de los envases que hay en ellos son indispensables en términos de seguridad alimentaria, de protección del producto y de durabilidad de los alimentos –lo que lleva implícita la lucha contra el desperdicio-, entre otras funciones. También deben serlo en términos de sostenibilidad si el conjunto de la cadena, incluyendo al consumidor y a las administraciones públicas, cumplen el compromiso de colaborar en la recogida y posterior reciclado de los mismos.

Esto no significa que los esfuerzos por analizar e introducir nuevos materiales, e incluso nuevas formas de presentar los productos, sean suficientes. Muy al contrario, el compromiso de las empresas de distribución alimentaria es firme para seguir avanzando y alcanzar objetivos mucho más ambiciosos. De hecho, podemos enumerar algunos logros de gran impacto en la sociedad: la reducción de bolsas de plástico de un solo uso en la línea de cajas desde 2008; la introducción en los procesos logísticos de Envases Reutilizables de Transporte (ERT); el uso y reaprovechamiento de materiales completamente reciclables, como es el cartón; la eliminación del plástico de un solo uso en productos como menaje, pajitas o bastoncillos; la sustitución de bandejas de poliespán por otras de materiales más sostenibles, etc.

Todas estas medidas, que el sector de la distribución alimentaria está tomando en colaboración con los productores y la industria alimentaria, están encaminadas a asegurar que el envase utilice el mínimo de materia prima imprescindible, así como que siempre sea recuperable y reciclable. Además, es preciso tener en cuenta que la incorporación de envases elaborados con materiales reciclados y reutilizables debe ir siempre acompañada siempre de un análisis de ciclo de vida científico, para evitar que su implantación, además de comprometer la seguridad alimentaria, que es máxima irrenunciable, sea discutible con datos reales desde el punto de vista sostenibilidad medioambiental.

La importancia del análisis del ciclo de vida es tan relevante que, si no se tiene en cuenta, puede producir más confusión hacia el consumidor. La migración precipitada hacia materiales, que pueden parecer ser más sostenibles, pero que terminan produciendo otros problemas económicos o medioambientales, como la deforestación, es algo que debemos considerar seriamente. Por ello, la transparencia en la información y el equilibrio siguen siendo valores esenciales en este debate.

¿Qué papel tiene en todas estas preocupaciones el actual proyecto de Real Decreto de Envases? Se trata de una norma reglamentaria que viene a completar las obligaciones marcadas por las Directivas de Residuos, de Envases y de Plásticos de un Solo Uso y que contempla un cambio de modelo muy profundo en el sistema de producción de los envasadores europeos, al incidir en el envase retornable. La gran preocupación es que adolece de un estudio de impacto social, medioambiental y económico muy necesario para que los objetivos puedan realmente cumplirse.

En este sentido, desde la distribución se insiste en que la normativa debe fijar claramente los objetivos, pero también debe dejar margen para que las empresas puedan alcanzarlos de la manera que más se adecúe a su funcionamiento y a su modelo de negocio. De aquí a 2030, la reciclabilidad de todos los envases de un solo uso es un objetivo que se podrá alcanzar, e incluso es posible que se logre antes de esa fecha. Pero, al mismo tiempo, se debe seguir trabajando al máximo en la recuperación y el correcto tratamiento del residuo del envase.

Finalmente, una nueva variable que preocupa es la posibilidad de la introducción de un sistema de envases retornables para bebidas. Tal y como esta propuesta está recogida en el borrador del Real Decreto, su cumplimiento es simplemente imposible de implantar por los plazos ajustadísimos que plantea y porque carece de un estudio previo de viabilidad que lo avale. Cualquier propuesta de este tipo debe tener muy en cuenta el impacto en la estructura de la distribución alimentaria que, en España, es especialmente diversa con modelos de empresas muy distintos. Otras de las barreras que se detectan tienen que ver con el almacenamiento en tienda, las normas de riesgos laborales, el impacto medioambiental y económico en el aumento de las operaciones logísticas -con un gran debate en torno a la movilidad urbana que es preciso abordar-, entre otros.

Por último, todo esto ocurre en un momento en que la tensión en la cadena alimentaria es máxima por cuestiones como los precios de la energía, la guerra de Ucrania o el reciente paro del transporte. Todo ello ha multiplicado los costes que soporta la distribución alimentaria y preocupa mucho su impacto, sobre todo en las empresas más pequeñas. Por ello, sería muy conveniente, incluso necesario replantear el calendario de aplicación de estas medidas y, en todo caso, que éstas no conlleven nuevas cargas impositivas que supongan un lastre para el desarrollo del sector.  

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